El Gobierno de Milei y el sustrato ideológico que lo sustenta, tiene la pretensión de maximizar los postulados del “Consenso de Washington”, que rigieron en el “mundo occidental” y en especial en América latina a partir de los años 90’. El intento de profundizar esos objetivos, que propugnaba la potencia hegemónica para los países que se encuentran bajo su órbita, a saber: Globalización financiera, desregulación; reforma del estado; privatizaciones; recorte de las jubilaciones; etc. No solo consiste en llevar al extremo esas premisas, sino que tienen otros propósitos, incluso más lesivos, para los países periféricos que se encuentran bajo el dominio imperial de EEUU.
Milei y sus principales colaboradores, en los hechos, no creen en el Estado Nación e incumplen con sus actos de gobierno los postulados de la Constitución Nacional. No creen en los límites territoriales que demarcan su superficie; en los distintos estamentos del Estado en los que está organizado el gobierno de la Argentina; la propia Constitución y la legislación que se sanciona respetando su espíritu. Este gobierno de ultraderecha cree solamente en leyes económicas que deben aplicarse de manera irrestricta a la Argentina.
Esto quiere decir, que no importan los distintos elementos que componen la Nación Argentina; hay que aplicar determinadas leyes en las que el presidente y su staff cree como si fueran Tablas de la Ley o sagradas escrituras. Todo debe adaptarse a esos preceptos ideológicos; y la población debe observarlos como si fueran fieles que adoran a un ser superior: El Dios mercado.
Intentan con su accionar, que el país ya no sea tal, sino parte de una región o área de libre comercio, con una dependencia irrestricta de EEUU; al integrarlo a los intereses territoriales, geopolíticos, económicos y militares estratégicos de los Estados Unidos de Norteamérica, como nunca antes se hizo. Como si fuéramos un estado más de la unión; o como se decía en otra época “una estrella más en la bandera Yankee”.
Y esto no es una consigna, porque si se ve la Ley bases, el RIGI; ahora conjugado con la flamante Ley laboral; la Ley de Glaciares; la apertura irrestricta de las importaciones, etc. La Nación argentina queda completamente expuesta a la expoliación gratuita de sus recursos naturales. Las empresas mineras que quieran venir a explotar nuestros recursos, son libres de hacerlo a cambio de nada, no dejan ninguna regalía para el país.
Así como con la apertura indiscriminada de las importaciones se destruye todo el tejido productivo y comercial, que son los grandes dadores de empleo (80%); desde las más grandes como FATE o Techint, hasta las PYMES y los comercios. Sabiendo, además, que “El campo”, la agroindustria, la energía, los recursos naturales y el sistema financiero, emplean a muy pocos trabajadores; lo que da como resultado una gran desocupación.
No solo se perjudica el país insalvablemente; sino que se ataca directamente a la población, bajándoles los salario o lo que es lo mismo, estableciendo paritarias del 1% mensual prácticamente desde hace dos años, cuando la inflación es del 2 o el 3% mensual. Haciendo la cuenta muy rápidamente, los trabajadores han perdido de piso, entre 20 y 30% del poder adquisitivo. Además de perder toda protección laboral con esta nueva ley de “Modernización laboral”, que como sabemos no moderniza, sino que envejece a la legislación en la materia; se puede ampliar la jornada laboral más allá de las 8 horas históricas; se puede despedir de manera gratuita para el empleador con el FAL, que, además, desfinancia aún más las arcas de la ANSES, para seguir matando, literalmente, a los jubilados de hambre o de enfermedades por la suba en el precio de los medicamentos.
En definitiva, el Gobierno de Milei está desplegando un programa de gobierno que implica en los hechos, la destrucción de La Nación Argentinay su desintegración social; el empobrecimiento y pauperización de su población; dejándola sin el acceso a los bienes básicos que una nación provee a sus habitantes: El propio territorio, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, la comida, los medicamentos, el esparcimiento, y las condiciones dignas de vida, entre otras; todos derechos que son amparados por la Constitución Nacional.–
Falucho.-
