La dignidad humana no se negocia, la violencia no se justifica y la indiferencia también tiene consecuencias.
Por Carlos Alberto Leiva
Hay algo que debería resultar elemental en cualquier sociedad que se considere civilizada: antes que travesti, mujer trans, transexual, trabajador sexual, hombre o mujer, hay una persona. Alguien que tiene un cuerpo, una historia, necesidades, deseos, temores y el mismo derecho que cualquier otro a vivir sin que un desconocido decida convertirlo en blanco de una agresión.
Sin embargo, parece que todavía necesitamos discutirlo.
Lo ocurrido en los Bosques de Palermo, con jóvenes que habrían salido en bicicleta a buscar y agredir a mujeres trans, obliga a mirar más allá del episodio policial. No alcanza con describir una pelea, contabilizar las lesiones, identificar a los responsables y esperar que la noticia desaparezca de los portales. Hay una cuestión social bastante más incómoda: ¿qué clase de construcción mental permite que un grupo de personas encuentre diversión en perseguir a otras por su identidad de género?
No estamos hablando de una diferencia de opiniones. Tampoco de una discusión sobre sexualidad, prostitución o comportamientos individuales. Estamos hablando de personas que pueden ser atacadas por el simple hecho de estar en determinado lugar y representar aquello que los agresores consideran diferente.
Y esa diferencia, para algunas mentes, parece convertirse en una autorización imaginaria para ejercer violencia.
La persona antes que cualquier prejuicio
En 2026 ya no tiene demasiado sentido fingir desconocimiento sobre las distintas expresiones de la sexualidad humana. La penetración anal, el sexo oral, la masturbación, las relaciones entre personas del mismo sexo y las distintas identidades de género forman parte de una realidad que existe desde mucho antes de que las redes sociales las convirtieran en contenidos de consumo masivo.
Podemos tener nuestras propias convicciones, preferencias, límites y opiniones. La libertad individual también consiste en eso. Pero ninguna convicción personal puede transformarse en una licencia para agredir a otra persona.
Una trabajadora sexual no pierde sus derechos por ofrecer servicios sexuales. Una mujer trans no tiene que justificar su existencia. Una persona travesti no necesita la aprobación de un tercero para ocupar un espacio público.
El problema comienza cuando el prejuicio deja de ser una opinión privada y se convierte en una conducta violenta.
Ahí interviene la sociedad. Y ahí debe intervenir el Estado.
La legislación no puede quedarse en el papel
La Argentina cuenta con un marco jurídico que reconoce derechos y establece mecanismos de protección.
La Ley 26.743 de Identidad de Género reconoce el derecho a la identidad de género y al trato digno. La Ley 23.592 establece herramientas contra actos discriminatorios. A su vez, el Código Penal contempla agravantes cuando determinados delitos se cometen por odio religioso, racial o nacional, aunque no todo acto de violencia contra una persona trans queda automáticamente encuadrado en esa figura.
También existe una legislación específica en materia de trata y explotación de personas.
Pero una cosa es tener leyes y otra muy distinta es conseguir que esos derechos se traduzcan en protección efectiva.
En los Bosques de Palermo, la discusión sobre la denominada zona roja no debería reducirse a si se permite o se restringe el trabajo sexual en determinado sector. También debería incluir iluminación, prevención, patrullaje, asistencia sanitaria y mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia.
Una ambulancia no debería ser una aspiración extraordinaria. La presencia policial preventiva tampoco debería depender de que una agresión alcance repercusión mediática.
La seguridad no puede ser un privilegio reservado para quienes trabajan, circulan o viven en espacios considerados socialmente aceptables.
Las redes y la fabricación de la crueldad
Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la relación entre las conductas violentas, la exposición permanente a contenidos digitales y la necesidad de reconocimiento.
Las redes sociales han modificado la manera en que muchas personas construyen su relación con los demás. Todo puede convertirse en material para publicar: una discusión, una humillación, una pelea, una agresión o incluso el sufrimiento de alguien que no tiene ninguna posibilidad de defenderse.
La violencia deja de ser solamente un acto y pasa a convertirse en una producción audiovisual.
Se golpea, se graba, se edita, se publica y se espera la reacción. La víctima queda reducida a un personaje involuntario de una escena que otros consumen desde sus teléfonos. El agresor busca reconocimiento. Los espectadores reaccionan. Y el sufrimiento ajeno se incorpora al circuito del entretenimiento.
Pero sería demasiado sencillo responsabilizar exclusivamente a las redes, las películas o las series. La ficción no fabrica delincuentes por sí sola. La violencia tiene múltiples factores: historias individuales, entornos familiares, aprendizajes sociales, prejuicios, oportunidades, impunidad y decisiones personales.
Lo que sí debemos preguntarnos es qué sucede cuando una cultura digital recompensa la humillación, celebra la crueldad y transforma la agresión en una forma de pertenencia grupal.
No hace falta diagnosticar psicológicamente a los agresores para reconocer la gravedad de sus conductas. Hace falta investigarlas, comprender cómo se organizaron y establecer responsabilidades.
Las mentes criminales y el efecto de la manada
Hay algo particularmente inquietante en la violencia colectiva: la desaparición de la responsabilidad individual detrás del grupo.
Uno provoca, otro golpea, otro filma, otro se ríe y varios acompañan. Cada participante puede intentar convencerse de que solamente estaba siguiendo a los demás.
Pero una multitud no elimina la responsabilidad de quienes la integran.
Cuando alguien organiza una persecución, identifica a sus posibles víctimas y convierte la agresión en una actividad compartida, la cuestión excede ampliamente una reacción impulsiva.
En Palermo, según las primeras reconstrucciones periodísticas, hubo una convocatoria de ciclistas, un desplazamiento hacia los Bosques y agresiones que fueron registradas y difundidas por los propios participantes. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales y las circunstancias del episodio.
La pregunta no es solamente quién arrojó un objeto o quién produjo una lesión. También importa quién convocó, quién organizó, quién alentó y quién decidió convertir la violencia en una demostración pública.
Una sociedad que solamente reacciona cuando aparecen imágenes estremecedoras llega tarde a una discusión que debería haber comenzado mucho antes.
La indiferencia también construye desprotección
No hace falta compartir la vida, las decisiones o la intimidad de otra persona para reconocer sus derechos.
Tampoco hace falta comprender completamente una identidad de género para respetarla.
El Estado tiene responsabilidades concretas: garantizar la seguridad, investigar los delitos, proteger a las víctimas y evitar que la discriminación se transforme en una práctica cotidiana.
Y los Bosques de Palermo merecen una discusión seria sobre su infraestructura de seguridad. Si existen sectores donde se desarrolla una actividad nocturna conocida, deben evaluarse los recursos de prevención, iluminación, patrullaje y asistencia médica.
No se trata de militarizar un espacio verde ni de estigmatizar a quienes trabajan allí. Se trata de que ninguna persona tenga que calcular el riesgo de recibir una paliza antes de salir a trabajar.
La legislación argentina reconoce el derecho a la identidad de género mediante la Ley 26.743 y contempla mecanismos frente a los actos discriminatorios mediante la Ley 23.592. Esos derechos deben tener una expresión concreta en la vida cotidiana.
Una sociedad que necesita revisar sus propios límites
Me interesa volver al principio: las personas.
Podemos discutir el trabajo sexual, su regulación, sus condiciones, la explotación, la prostitución y las distintas formas de entender la sexualidad. Son discusiones legítimas y necesarias.
Pero ninguna de ellas puede utilizarse para relativizar una agresión.
Una mujer trans que trabaja de noche en Palermo no tiene menos derecho a la protección policial que una mujer que sale de una oficina. Un hombre que ofrece servicios sexuales no tiene menos derecho a recibir asistencia médica que quien trabaja en un comercio. La condición laboral, la apariencia o la identidad no determinan el valor de una vida.
Quizás el problema más profundo sea que todavía hay quienes necesitan sentirse superiores a alguien para construir su propia identidad. Y cuando esa necesidad encuentra complicidad, prejuicios y una multitud dispuesta a celebrar, la violencia adquiere una dimensión mucho más peligrosa.
No todo se resuelve con una ley, una cámara de seguridad o una ambulancia. Pero tampoco podemos prescindir de ninguna de esas herramientas.
La educación, la responsabilidad individual, la investigación judicial y la presencia del Estado forman parte de una misma discusión.
Conclusión: antes que cualquier etiqueta, personas
No me interesa discutir qué hace una persona con su cuerpo cuando esa decisión pertenece a su intimidad y no vulnera los derechos de terceros. No necesito compartir su elección, comprender todos sus motivos ni participar de su mundo para reconocer algo elemental: merece vivir.
Lo que ocurrió en Palermo debería obligarnos a mirar más allá de las identidades de las víctimas y de las imágenes que circularon por las redes. Debería hacernos pensar en la clase de sociedad que estamos construyendo, en la manera en que consumimos violencia y en la facilidad con la que algunas personas convierten al otro en un objeto de desprecio.
Una bicicleta debería servir para trasladarse, una cámara para registrar momentos y una red social para comunicarnos. Ninguno de esos instrumentos debería convertirse en una herramienta para organizar persecuciones, exhibir humillaciones o celebrar el sufrimiento.
La legislación establece límites. La Justicia debe investigar y actuar. El Estado debe proteger. Pero también existe una responsabilidad colectiva que no puede delegarse completamente en las instituciones.
Porque cuando una persona sale a trabajar y un grupo decide salir a cazarla, el problema ya no es la sexualidad, la prostitución ni la identidad de género.
El problema es la violencia. El problema es la deshumanización. Y el problema también es una sociedad que no puede acostumbrarse a mirar hacia otro lado.
