Una fórmula presidencial encabezada por el ensayista Carlos Alberto Leiva y acompañada por Victoria Villarruel como vice sería un bombazo político para 2027. No por el ruido, sino por el reordenamiento que impone: pondría la discusión sobre la memoria en el centro de la campaña y obligaría a todos a debatir en un marco distinto.
Leiva arriba y Villarruel abajo invierten la lógica habitual. Él aporta el encuadre doctrinario —la crítica al relato hegemónico, el foco en las víctimas de la guerrilla, la idea de convivencia sin liturgias— y ella pone el cuerpo político: instalación nacional, experiencia legislativa y una base que ya bancó el costo de sostener la “memoria completa”. No es solo una dupla que confronta; es una que quiere legitimar otra forma de mirar los 70 desde la jefatura del Estado.
La clave está en el lenguaje. No es lo mismo decir “terrorismo de Estado” que hablar de “militares que participaron del terrorismo estatal”. Lo primero funciona como categoría totalizante; lo segundo precisa responsabilidades sin imputar al Estado en bloque ni convertirlo en el único centro de la memoria. Esa distinción permite reconocer crímenes gravísimos cometidos desde el aparato estatal y, al mismo tiempo, no clausurar el debate sobre las organizaciones armadas y las complicidades civiles.
Ese movimiento tiene un anclaje histórico simple: el Juicio a las Juntas fue a las cúpulas —Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri—, no a “los miles de militares” como colectivo. El proceso emblemático juzgó comandantes y, luego, responsables puntuales en causas específicas. Decir esto no es negar nada: es ubicar las responsabilidades donde corresponde y evitar la condena ontológica a las Fuerzas Armadas. Ese punto pega en el centro del progresismo porque corre el eje del “terrorismo de Estado” como categoría excluyente y lo lleva a un terreno más preciso.
Para Leiva, Villarruel vale oro. Ella ya recorrió el camino difícil: sostuvo la “memoria completa” cuando era políticamente caro, acumuló capital y llegada en un electorado harto de la liturgia setentista. Él, en cambio, no es un operador partidario sino un pensador conservador, cómodo con sectores de centro democrático y con la derecha conservadora, capaz de tender puentes sin obsesionarse por los sellos. Esa plasticidad —conservador, pero no sectario— es funcional para una coalición amplia.
Leiva, además, distingue “progresismo” de “kirchnerismo”. El primero es una corriente cultural con agenda de derechos y hegemonía simbólica; el segundo, una construcción de poder concreta, con aparato y lógica de acumulación. Esa doble lectura le permite criticar el clima de época sin quedar atrapado en la pelea facciosa, y marcar límites al kirchnerismo sin comprar todo el paquete anti. Así puede hablarle a un centro democrático que no se siente kirchnerista pero tampoco se reconoce en el progresismo porteño, y sumar conservadores sin quemarse en la interna chica.
La hoja de ruta territorial es clara: ir a negociar con los gobernadores peronistas del interior —PJ de gestión, pragmáticos— y no con Axel Kicillof, expresión del kirchnerismo bonaerense. Con esos mandatarios se puede acordar orden, obra pública, energía, seguridad y autonomía provincial. La “memoria completa” funciona como gesto cultural; la mesa real es de gobernabilidad, caja y territorio.
¿Riesgos? Los hay. Una campaña centrada en la disputa por la memoria polariza y puede encasillar. Pero si Leiva encabeza con un marco conceptual sólido —crímenes estatales reconocidos, pero sin el monopolio del “terrorismo de Estado” como relato único, y con las víctimas de la guerrilla en la agenda— y Villarruel aporta músculo político, la fórmula deja de ser provocación para volverse proyecto.
Ahora depende de Villarruel. Si percibe que Leiva no es solo el ensayista que la entiende, sino el socio que le amplía el tablero —alguien que ordena el marco, distingue progresismo de kirchnerismo y puede sentarse con los gobernadores sin pedir certificado ideológico—, la mano está tendida. Y si la toma, 2027 empieza a recalibrarse.
